Por Sergio Alejandro Hinojosa, Socio fundador de IKONS ATN y Asesor Principal del PIAPPEM
En Chile, desde hace casi cuatro décadas, se han venido realizando una serie de reformas innovadoras que han sido un factor de mejoramiento de su política económica y social. En el ámbito de la Infraestructura en los años noventa Chile decide incorporar capitales privados a diversos sectores de la infraestructura pública, ya sea mediante procesos de privatización, de concesiones o de contratos de largo plazo. Privatización en el caso de los sectores de energía y aguas, y las concesiones en el caso de carreteras, puertos y aeropuertos.
El FOMIN y el Economist Intelligence Unit, desde el año 2009 han publicado cuatro estudios (2009, 2010, 2012 y 2015) que miden la capacidad y adecuación de 19 países de Latinoamérica y el Caribe para el desarrollo de proyectos bajo asociación público privada (APP). El estudio denominado Infrascope evalúa cinco grandes criterios divididos en 19 categorías, de los cuales 15 son cualitativos y 4 cuantitativos basados tanto en fuentes estadísticas internacionales como en textos legales, páginas de internet gubernamentales y entrevistas. La evaluación considera una escala de 0 a 100, en donde 100 representa un ambiente perfecto para proyectos APP. El país con el mejor ranking de manera consecutiva en los 4 estudios ha sido Chile, lo que refleja su amplia experiencia en este tipo de esquemas, con una baja cancelación de proyectos, así como un régimen legal, reglamentario e institucional razonablemente bien desarrollado
De manera particular, el proceso chileno se inicia en el año 1991 con la creación de la Ley de Concesiones aprobada por unanimidad en el Congreso Nacional, la que posteriormente es perfeccionada en 1996 y complementada con mejoramientos a leyes relacionadas de los Fondos de Pensiones, Ley de Bancos y Ley de Compañías de Seguros de Vida. De manera complementaria, en el año 1998, los Ministerios de Hacienda y de Obras Públicas publican el documento Bono de Infraestructura, que se constituye en un referente obligado para las estructuraciones financieras en Chile a partir de ese momento. Reformas adicionales y complementarias se realizan en 1999 con la Ley de Securitización dónde se autoriza que los flujos de caja, los Ingresos Mínimos Garantizados y los subsidios puedan ser considerados títulos susceptibles de securitizar. En el año 2010, se perfeccionó la Ley en procedimientos de arbitraje, regulación de las nuevas inversiones y su vinculación con los niveles de servicio de las obras. Hace unos meses se han promulgado medidas para que los fondos de pensiones y compañías de seguros de vida inviertan directamente en infraestructura.
El programa de concesiones, ha permitido modernizar de manera importante la infraestructura del país con inversiones que superan los 15 mil millones de dólares (MOP, 2016). Como se ha señalado muchos países han adoptado marcos regulatorios, mecanismos y han contratado asesorías técnicas siguiendo el modelo de Chile, y año a año una serie de delegaciones de América Latina, Asia y África visitan el país para conocer la experiencia.
Le sigue en importancia el programa de privatizaciones (venta de activos) y de concesión de sanitarias (transferencia de derechos de explotación) que se materializa entre los años 1999 y 2007 con una inversión total de USD 2.500 millones e ingresos recibidos por el Estado de Chile por más de USD 3.000 millones. Desde el 2001, el Estado de Chile ha suscrito nueve contratos con empresas operadores privadas, mediante los cuales transfirió el derecho de explotación de concesiones sanitarias ubicadas en diversas regiones del país.
En el sector portuario se han realizado concesiones de los principales puertos de Chile usando el marco de la Ley de Puertos. La inversión portuaria privada desde 1990 a la fecha totaliza más de USD 2,100 millones en inversiones en 12 concesiones destinadas al desarrollo y operación de frentes de atraque y desarrollos comerciales.
Por su parte, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, inició el año 2004 un interesante proceso de construcción y rehabilitación de infraestructura ferroviaria y de los servicios de señalización, electrificación y comunicaciones de la operación con capitales privados, así como inversiones en el sector de transporte de carga por parte del sector privado. Las inversiones totalizan más de USD 600 millones.
En el sector energía a partir de los ochenta se han generado inversiones importantes en generación, distribución y transmisión. Según la Sociedad de Fomento Fabril (2016), las inversiones materializadas en el sector de energía con capitales privados, en los últimos 5 años han superado los 300 mil millones de dólares.
En este sentido, parece que existen condiciones fundadas desde la óptica internacional para mencionar que Chile cuenta con una experiencia notable de participación del sector privado en infraestructura productiva y social, y de esta cuenta con un modelo digno de estudiar para obtener las mejores prácticas y particularmente las condiciones de replicabilidad y adaptabilidad a otros contextos.
Sergio Alejandro Hinojosa
Sergio Alejandro Hinojosa. Socio fundador de IKONS ATN y Asesor Principal del PIAPPEM. Se ha especializado en evaluación de proyectos de infraestructura, análisis de valor por dinero y Project Finance. Tiene experiencia profesional en la mayoría de los países de América Latina, y ha sido consultor para el Banco Mundial, CAF, BID, USAID, BCIE, IFC, MIGA entre otros organismos multilaterales y gobiernos de LATAM. Sergio es economista, y PhD in Management Sciences por ESADE Business School, y es profesor en el Master en Gestión y Evaluación de Proyectos impartido por la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez - Chile.
Este blog forma parte de la serie de blogs hacia PPPAméricas 2016, que este año se llevará a cabo en Santiago, Chile del 20 al 22 de junio.