Los desafíos de proveer educación y empleo formal, fomentar de la autonomía de la mujer, y frenar el aumento de las enfermedades crónicas siguen siendo serias preocupaciones de los países en desarrollo y mercados emergentes del mundo. Obstáculos institucionales, desconfianza entre los gobiernos y los inversionistas, la falta de consistencia y baja calidad en la entrega de servicios, y la falta de fondos hacen, muchas veces, que sea imposible encontrar soluciones a estos problemas.

El mundo puede aprender de la experiencia de América Latina y el Caribe en la movilización de la inversión privada en infraestructura y servicios públicos. Permítanme comenzar con el hecho de que, entre los mercados emergentes, América Latina y el Caribe representa la mayor parte de las asociaciones público-privadas (APP) para el desarrollo de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos. En el primer semestre de 2014, la región contaba con 49 proyectos por un valor de US$36,1 mil millones, que representan el 71 por ciento de las inversiones en APP de países con mercados emergentes, según la actualización de 2014 Global PPI Update, elaborado por el Grupo de Asociación Público-Privada del Banco Mundial y la base de datos de  Participación Privada en Infraestructura (PPI).