El mundo puede aprender de la experiencia de América Latina y el Caribe en la movilización de la inversión privada en infraestructura y servicios públicos. Permítanme comenzar con el hecho de que, entre los mercados emergentes, América Latina y el Caribe representa la mayor parte de las asociaciones público-privadas (APP) para el desarrollo de infraestructura pública y la prestación de servicios públicos. En el primer semestre de 2014, la región contaba con 49 proyectos por un valor de US$36,1 mil millones, que representan el 71 por ciento de las inversiones en APP de países con mercados emergentes, según la actualización de 2014 Global PPI Update, elaborado por el Grupo de Asociación Público-Privada del Banco Mundial y la base de datos de  Participación Privada en Infraestructura (PPI).

By Alexander Honjiyo 

Over the past year and a half, a financial mechanism called social impact bonds (SIBs) has garnered excitement throughout Latin America as an alternative way to fund social programs – from governments and private investors, non-profits and social entrepreneurs from Mexico to Brazil, Colombia to Chile.

While SIBs may be new, they are, in many ways, like Public-Private Partnerships (PPPs), familiar to governments around the world and in particular to governments in Latin America and the Caribbean.